España, el Covid-19 y las mujeres

Desde hace ya un año, España y el mundo entero viven una crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Sin embargo, algo que va quedando cada vez más claro es que, aparte de ser un problema sanitario, supone una crisis socioeconómica muy importante.

La pobreza tiene rostro de mujer

Según un estudio de Naciones Unidas Mujeres, se estimaba que para el 2014 de cada 100 hombres en situación de pobreza, habría 155,3 mujeres. Uno de los problemas que ha causado una feminización de la pobreza es que formamos la mayor parte del sector informal de la economía (o economía sumergida). ¿Y, qué tiene esto que ver con el Covid-19? La respuesta está lejos de ser sencilla; pero, grosso modo, esta crisis ha puesto de relieve otras crisis encubiertas.

Trabajo sexual

Sin entrar a debatir sobre la prostitución, algo en lo que todas (espero) podemos estar de acuerdo es que, debido a la crisis sanitaria, las mujeres que ejercen la prostitución han sido puestas en una situación de extrema vulnerabilidad. En el mes de agosto del pasado año, las autonomías declararon que todos los prostíbulos serían clausurados, pues no se podían garantizar las medidas de seguridad. Esto, y lejos de posicionarme, les parecerá bien a algunas y mal a otras; pero, objetivamente, el cierre de todos los prostíbulos dejó a cientos de mujeres en la calle y sin ingresos. Dada la alegalidad de la industria, no cotizan en la seguridad social, no están protegidas ante la ley y no pueden solicitar ayudas al Estado. A esto hay que sumarle los factores externos como el rango de edad, el cual es un obstáculo.

Además, pensar que el cierre de los prostíbulos significa que mágicamente dejará de haber prostitución es cuanto menos obtuso. La realidad es otra y es irresponsable no pensar en ello. Actualmente, la prostitución en España ha vuelto a las calles lo cual, a mi parecer, lo hace aún más violento, insalubre y peligroso. Creer que sin prostíbulos no hay prostitución permite a los proxenetas tener ventajas sobre sus empleadas, pues saben que necesitan los ingresos. Ignorarlo sitúa a las trabajadoras sexuales más aún en la oscuridad, el abandono y el olvido.

Asimismo, muchas entidades y organizaciones no gubernamentales (ONGs) han tenido que cesar o minimizar sus actividades, exponiendo a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección. Además, durante meses y debido al estado de alarma, perdieron la posibilidad de recurrir a los dispositivos habituales de información y atención, lo cual agrava la marginalidad y aislamiento de muchas.

La situación de las empleadas del hogar

Otro sector predominantemente femenino que se ha visto muy afectado por la crisis socioeconómica es el de cuidados. Aunque no son las únicas en denunciar esta situación, la Asociación de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) ha trabajado eficazmente durante este tiempo para ver cómo está afectando la situación a las trabajadoras del hogar.

La extensión de la jornada laboral hasta doce horas diarias, llamadas horas de presencia, ha sido algo muy preocupante en este tiempo. Muchas, además, tuvieron que permanecer en la casa de sus empleadores desde que se declaró el estado de alarma, trabajando de lunes a lunes, sin percibir los fines de semanas como días trabajados.

Por otra parte, han sido incluidas como trabajadoras esenciales, lo cual es extremadamente positivo; sin embargo, teniendo en cuenta que no existe la prevención de riesgos laborales, hay un factor de riesgo, lo cual ha producido desconfianza y hasta el despido. Asimismo, debido a la tensión, se ha registrado un aumento en los abusos y explotación de las trabajadoras y SEDOAC recoge varios casos de mujeres que han recibido palizas o han sido encerradas por sus empleadores.

Finalmente, el gobierno estableció un subsidio extraordinario en caso de reducción de jornada parcial, total o en caso de despido. Aunque positivo, solo se ha incluido después mucha presión por parte de las asociaciones, aunque solo es aplicable a aquellas que coticen y se estima que existe entre un 35 y 40 por ciento que no se verán beneficiadas por esta decisión, ya que forman parte de la economía sumergida, es decir, trabajan en negro.

Separación de menores y madres migrantes en Canarias

Desde hace meses, llegan a nuestro país, concretamente a las Islas Canarias, cientos de personas que buscan asilo, refugio o simplemente una mejora de sus condiciones socioeconómicas. Así pues, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ordenó la separación de los menores de sus madres con la justificación de «proteger al menor», llegando a separar a menores en periodo de lactancia. Esto no es nuevo en España. Es una medida del 2019 como respuesta a las desapariciones de menores migrantes.

Cuando las personas llegan a puerto, hay varios protocolos a seguir. Por un lado, los menores son enviados a centros de menores. Por otro, los adultos van a una nave donde se les realiza la Prueba de proteína C reactiva (PCR) y la filiación. Finalmente, a los adultos se les conduce a otra nave para pasar la cuarentena. Todo esto sin saber ni dónde, ni cómo, ni con quién están sus hijos.

Beatriz Sánchez —jefa fiscal de la provincia de Las Palmas— explicó que durante el tiempo de separación, se establecen regímenes de visitas; sin embargo, y como es de esperar, debido a la pandemia estas visitas están más restringidas y se están experimentando separaciones de hasta tres meses. Como defiende Caminando Fronteras, —organización de defensa de los derechos de las personas migrantes— separar a los menores de sus familias «vulnera el derecho a la familia y la infancia».

Las temporeras

Para terminar, hay que hablar de las temporeras. Ellas y ellos viven —desde siempre— en situaciones infrahumanas y la pandemia no ha hecho más que evidenciarlo. Muchas han trabajado en condiciones no solo decadentes sino en contra de los protocolos de sanidad establecidos por el gobierno y las autonomías, es decir, sin ventilación, mascarillas, agua, aseos o distancia de seguridad.

Además, los alojamientos se han convertido en un foco de contagio y, con ello, viene la humillación, la culpa y el ostracismo. A esto  hay que añadir el estado de alarma, la incertidumbre de saber cuándo volverán a sus casas y la tensión que las denuncias sexuales han causado entre las trabajadoras —pues muchas se juegan no volver a ser contratadas—.

La vulneración de los derechos de estas mujeres (migrantes en su mayoría) se ha visto agravada durante la pandemia. Esto, junto con las denuncias de abuso sexual del 2018, ha llevado a Women’s Link Worldwide (y otras siete organizaciones), a realizar un comunicado de urgencia a la Organización de Naciones Unidas (ONU) informando de la situación en España. Según recogen, las condiciones no han mejorado desde 2018 y la responsabilidad de la violencia sigue recayendo sobre la víctima.

En resumidas cuentas, estos problemas solo pueden ser abordados desde la interseccionalidad, pues cuanto más nos encontremos en los márgenes, mayores serán los problemas. No obstante, no hay que estar en situación de extrema vulnerabilidad para sentir los efectos de la pandemia. Por ejemplo, las mujeres, sobre todo las madres, son las que más se ven afectadas por los despidos, recortes de horas y de salario o en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Todas estamos en el mismo barco y la única solución es remar juntas.